La política pública de mejora regulatoria se orientará por los principios, que a continuación se enuncian:

1. Mayores beneficios que costos y el máximo beneficio social
2. Seguridad jurídica que propicie la claridad de derechos y obligaciones a los ciudadanos
3. Simplicidad y no duplicidad en la emisión de normas, trámites y procedimientos administrativos
4. Uso de tecnologías de la información
5. Proporcionalidad, prevención razonable de riesgos e impactos
6. Transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas
7. Fomento a la competitividad y el empleo
8. Acceso no-discriminatorio a insumos esenciales e interconexión efectiva entre red
9. Reconocimiento de asimetrías en el cumplimiento regulatorio